El ex comisario de Dzitox, Chichimilá, Rufino May Che, solicitó hoy la intervención del Congreso del Estado para frenar las anomalías que comete el primer regidor de dicho municipio, José Edilberto Tzab Ortiz.

En documento entregado al Oficial Mayor del Congreso local, Lic. Martín Chuc Pereira, May Che manifiesta "que se siguen violando las Leyes y los Derechos Humanos de los habitantes y empleados de la localidad mencionada, a pesar de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) que estableció iniciar de manera inmediata procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de José Edilberto Tzab Ortíz, en su carácter de Presidente Municipal; Mario Antonio Tun Nahuat, Comandante de la Policía Municipal, así como Renato Chan Cob y Jesús Chan Puc, elementos de la Policía Municipal, por haber transgredido mi derecho a la Libertad Personal y a la Legalidad y Seguridad Jurídica, así como por haber violado el derecho de petición de los ciudadanos Dezert Iván Martín Barrera y Wilberth May Tuz".

Estas circunstancias quedaron demostradas en la investigación que se realizó e integró en la queja marcada como CODHEY D.V. 47/2009 y que hoy en día no se le ha dado debido cumplimiento. Dicha recomendación establece "que deberán imponerse las sanciones que correspondan a los servidores públicos responsables de la violación de mis derechos humanos”, expuso el denunciante.

De la misma forma, la recomendación exhorta a todos los funcionarios Públicos del H. Ayuntamiento de Chichimilá, Yucatán, y en especial, los elementos de la Policía Municipal a que en el ejercicio de sus funciones respeten las Leyes y protejan los Derechos Humanos de las personas a las cuales brindan sus servicios apegándose estrictamente a las disposiciones previstas en la normatividad que rige al municipio.

Asimismo, Rufino May agregó  que persiste la violación de las Leyes y de sus Derechos Humanos pues fue cesado en sus funciones por órdenes del alcalde Tzab Ortiz. El ex comisario asegura que con esta situación se demuestra la intolerancia, prepotencia y arbitrariedad con la que se conduce el presidente municipal, pues las autoridades auxiliares sólo pueden ser removidas por el Cabildo, existiendo una causa justificada, como dicta el artículo 70 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán.

El oficio finaliza urgiendo al Congreso del Estado a intervenir en el municipio de Chichimilá, donde todos los días se violan los Derechos Humanos de la Población.